El expediente
Rocha

El expediente entero se entiende en un mapa. Tres puntos. Una línea de continuidad. La operación no empezó en 2021 con la elección de Rocha Moya. Empezó quince años antes, en una mesa de un restaurante de Polanco, donde representantes del Cártel de Sinaloa se sentaron con operadores políticos para acordar un pago de entre dos y cuatro millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El segundo punto es Culiacán, el 1 de noviembre de 2021. El día de la toma de posesión de Rocha Moya como gobernador, según el indictment del SDNY, el flamante mandatario se reunió con Iván y Ovidio Guzmán, custodiado por sicarios armados con ametralladoras. Pacto formal. Protección operativa total a cambio de impunidad presupuestal.

El tercer punto es Mazatlán, donde una sola constructora —Majolva— acumuló $244 millones de pesos en contratos del ayuntamiento entre 2022 y 2024. Junto con Remco ($261M), suman más de medio millardo de pesos en obra pública concentrada en dos empresas vinculadas a la red familiar del gobernador.

Ricardo y Rubén Rocha Ruiz, hijos del gobernador, encabezan una red financiera formada por treinta integrantes en catorce consejos de administración. A través de solo cinco compañías, esa red habría ordeñado más de seiscientos veinte millones de pesos de recursos públicos en los primeros tres años de la administración de su padre. La estructura no es complicada: los hijos fundan empresas, los socios entran al gobierno desde la Secretaría de Salud, la SOPAS, el ISSSTE, el IMPLAN, y desde ahí asignan contratos a esas mismas empresas. Circuito cerrado.

El caso más documentado es el de Pinturas Mobil de Culiacán, propiedad de Manuel Ángel Rivera Urbina. Su socio en la empresa Manocash, Eduardo Aguirre Medina, es director de Servicios de Salud de Sinaloa. Aguirre asignó dieciocho contratos a Pinturas Mobil entre 2022 y 2024 por $15.74 millones de pesos. Diecisiete de esos dieciocho fueron por adjudicación directa, sin licitación. Asignó contratos a su propio socio comercial.

El otro extremo de la red es Cano Félix, yerno del gobernador. Funcionario del ISSSTE federal con cuatro auditorías de la ASF que documentan un daño patrimonial de $417 mil pesos y $114 millones en software no comprobado. Aportó $55,867 a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum: el 31% de las donaciones privadas reportadas al INE. El donante número uno de la candidata oficialista era el yerno del gobernador acusado por el DOJ.

El acto que define el expediente ocurrió el 15 de febrero de 2025, en el domicilio particular de Rubén Rocha Moya en Culiacán. Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena e hijo del expresidente, viajó personalmente al estado y entregó en mano la credencial de afiliación al gobernador. Hay foto pública. Lo cubrió El Universal, Proceso, Infobae y LatinUS.

Lo que no es público —pero está documentado por El Siglo de Torreón en la columna "Doble Fondo" del 2 de mayo de 2026— es que Andy había leído desde octubre de 2024 una ficha de inteligencia de la SEDENA que documentaba la presunta cercanía de Rocha con criminales desde la campaña electoral de 2021. La ficha circuló en el círculo cercano: AMLO, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y María Luisa Alcalde fueron informados. La respuesta colectiva fue silencio público y respaldo privado.

Cuatro meses después de leer la ficha, Andy entregó la credencial. Setenta y tres días después de la entrega, el DOJ presentó cargos formales.

Las seis acciones que el Estado mexicano debe ejecutar

El precedente jurídico existe. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció en SUP-JRC-166/2021 que el crimen organizado puede invalidar elecciones. En el caso Michoacán 2021, la Sala determinó que la violencia no fue determinante. En Sinaloa, con el propio gobernador acusado por el DOJ como socio activo del cártel, la determinación tendría que ser otra. El cargo, por definición, sería espurio.

Lo que pasó en Sinaloa en 2021 no fue improvisación. Fue la quinta réplica de un protocolo. El primer ensayo documentado fue Tabasco 2012. El más violento, Guerrero 2018. El mejor financiado, Veracruz 2024. El precedente que reconoció oficialmente la coerción del crimen organizado, Michoacán 2021. La constante en los seis casos es la misma: un cártel local ofrece coerción electoral a cambio de territorio operativo libre durante el siguiente sexenio. El intermediario político, en todos los casos, es la dirigencia nacional de Morena.

El patrón se reconoce por seis marcadores. Primero: secuestro de operadores opositores en las 50 horas críticas previas a la jornada. Segundo: convoys armados patrullando capitales el día de la elección. Tercero: candidato Morena con margen anómalo. Cuarto: presidente o secretario de organización Morena viajando al estado a entregar credencial dentro de los primeros 90 días post-elección. Quinto: ola de obra pública concentrada en empresas familiares del gobernador electo. Sexto: ficha SEDENA archivada en Palacio Nacional sin investigación federal.